Cuando se inicia una relación laboral, no vale eso de “ya iremos viendo”. La empresa tiene la obligación de proporcionar al trabajador, por escrito, toda la información esencial relativa al contrato y a las condiciones en las que se desarrollará la prestación de servicios. Esta obligación no es opcional: forma parte de las garantías básicas de transparencia y seguridad jurídica en el ámbito laboral.
¿Qué debe revelarte la empresa al contratarte?
A continuación te detallo los aspectos que deben comunicarse de manera explícita:
El contrato debe incluir los datos completos tanto del empresario como del trabajador. Esta identificación correcta es fundamental para delimitar responsabilidades y derechos desde el inicio.
Debe constar la fecha exacta de comienzo de la relación laboral.
En caso de contratos temporales, también es obligatorio indicar la duración prevista del vínculo contractual.
La empresa debe especificar el domicilio social o el del empresario, así como el centro de trabajo donde el empleado prestará sus servicios habitualmente.
El trabajador debe conocer la categoría profesional asignada, ya que esta determina funciones, salario y condiciones laborales según el convenio colectivo correspondiente.
El documento debe reflejar con claridad la cuantía del salario base, los complementos salariales y la frecuencia de pago. La transparencia en este punto es esencial para evitar conflictos posteriores.
La empresa debe informar sobre la distribución de la jornada ordinaria, detallando horarios y criterios de organización.
Es obligatorio indicar la duración de las vacaciones anuales y el sistema de determinación o atribución de las mismas.
En caso de extinción del contrato, se deben especificar los plazos de preaviso que deben cumplir tanto el trabajador como la empresa, si los hubiera.
El contrato debe identificar claramente el convenio colectivo que regula la relación laboral, con la información necesaria para su correcta identificación.
¿Qué sucede si la empresa no entrega esta información?
El incumplimiento de esta obligación informativa se considera una infracción leve. La normativa prevé sanciones que van desde 70 euros en su grado mínimo hasta 750 euros en su grado máximo. Aunque la sanción no es elevada, la empresa está obligada a regularizar la situación y entregar la información requerida.
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